El reciente decreto 383/2025 firmado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, desató una fuerte polémica política y judicial en la Argentina.
La norma que busca imponer Patricia Bullrich, que reformula el estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA), otorga a la fuerza nuevas facultades para realizar requisas personales y vehiculares sin orden judicial, así como ciberpatrullajes en redes sociales y sitios públicos digitales sin autorización previa de un juez.
La medida fue presentada por el Gobierno como parte de un proceso de “modernización” de la PFA, con guiños explícitos al modelo del FBI estadounidense. Sin embargo, la reacción no se hizo esperar. Legisladores de la oposición, organismos de derechos humanos y especialistas en derecho constitucional advirtieron que el decreto vulnera garantías fundamentales y representa un avance preocupante del poder policial sobre las libertades civiles.
En la Cámara de Diputados, los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un pedido de nulidad del decreto, argumentando que el Congreso no delegó facultades al Ejecutivo en materia de seguridad y que la norma viola derechos constitucionales al aumentar la discrecionalidad policial sin control judicial ni parlamentario.
Uno de los puntos más cuestionados es el anexo del decreto, que habilita a los agentes de la PFA a realizar requisas sin orden judicial en base a “supuestos” como la presunción de que una persona oculta elementos vinculados a un delito, o la existencia de un “peligro cierto” de que desaparezcan pruebas.
También se autoriza a requisar en el marco de “operativos de prevención” en espacios públicos, una categoría considerada ambigua y abierta a interpretaciones arbitrarias. En paralelo, el decreto permite a la Policía Federal acceder a bases de datos públicas y privadas sin autorización judicial, siempre que lo considere “justificado”.
Alarma
Esta disposición encendió las alarmas de organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que denunció que la reforma se hizo sin debate legislativo y que abre la puerta a la criminalización de organizaciones sociales, la represión de protestas y el espionaje político.
El CELS anunció que presentará una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la causa Bulacio, en la que el Estado argentino ya fue condenado por detención arbitraria y muerte bajo custodia policial. Según el organismo, el nuevo decreto contradice los compromisos asumidos por el país en materia de derechos humanos y representa un retroceso en la protección de garantías básicas.
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