Hay una diferencia sustancial entre una grabación que alude a un delito y otra que es solo una conversación sobre chismes de oficina. Por eso, el único elemento real que indicaría un presunto caso de corrupción en la compra de medicamentos para discapacitados sigue siendo el primer audio del exdirector de Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo. Vale la pena reiterar que se trata de un audio ilegal, porque no fue autorizado por ningún juez, y que está, además, editado. Nadie precisó hasta ahora tampoco si se trató de la grabación de una conversación en un lugar público (bar o restaurante) o si fue un mensaje enviado por WhatsApp. Las grabaciones de conversaciones entre personas −y también de las telefónicas– solo son válidas y legales cuando las autoriza un juez, aunque los magistrados, como es este caso, pueden tomar una conversación ilegal solo como presunto indicio de un delito, y buscar después las pruebas y testimonios verdaderos y ya legales.
Los últimos audios atribuidos a Spagnuolo solo consignan enojos de este con diversos funcionarios, pero en ningún caso se refiere a la posibilidad de un delito. Son cuestionamientos políticos o personales, que incluyen al propio Presidente, al que acusa de estar ausente de los conflictos internos de su gobierno. De todos modos, importantes funcionarios esperan la difusión de más audios y, lo que es peor, ignoran si su contenido será una continuidad de la eterna rumorología oficinesca y si revelarán nuevos detalles de supuestos delitos, que ya han llevado al centro de la discusión pública a Karina Milei y a su principal colaborador, Eduardo “Lule” Menem, quien desmintió cualquier involucramiento personal en la trama que presuntamente relató Spagnuolo.
Las preguntas que deben contestarse, más allá de los condicionamientos que existen, son muchas, pero las principales son tres. La primera: ¿es cierto que existió una relación corrupta entre algunos funcionarios mileístas y la droguería Suizo Argentina, como se desliza en el primer audio del exfuncionario echado por el gobierno de Javier Milei? Ese es el núcleo central de la investigación que lleva adelante el juez Sebastián Casanello. La segunda: ¿quién grabó esas conversaciones, sobre todo cuando se anticipa que todas las grabaciones que existen sucedieron durante casi un año? Spagnuolo habría sido grabado hasta hace dos meses desde mediados del año pasado. La última ¿quién entregó esos audios para que sean difundidos en medios audiovisuales de filiación claramente opositores al Presidente y cercanos a los anteriores gobiernos kirchneristas?
El Gobierno está paralizado por el desconcierto. Nunca imaginó que las muchas luchas internas concluyeran en semejante tormenta de acusaciones, verdaderas o falsas. Quién lo sabe. Un ejemplo de ese aturdimiento fue la escena que protagonizó Martín Menem el lunes en el canal LN+. Se había comprometido a ser entrevistado por el periodista Luis Majul; Menem estuvo en el canal, pero se retiró sorpresivamente poco antes del reportaje. Majul atribuyó a una “estrategia oficial” la huida del más conocido de la nueva camada de los Menem. La verdad es que Martín Menem había estado en la mañana de ese día con el periodista Antonio Laje y dejó una pobre imagen cuando intentó defender a su primo y a la secretaria general de la Presidencia. Es probable que alguien importante del Gobierno le haya dicho al presidente de la Cámara de Diputados, poco antes de mostrarse en público con Majul, que era mejor que no defendiera más a los funcionarios cuestionados. La entrevista finalmente se realizó este martes por la noche.
Como suele ocurrir casi siempre, el único funcionario que exhibe eficacia para la defensa del Gobierno, aun en los casos más difíciles, es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; tal vez por eso, Milei acaba de calificarlo como “el mejor jefe de Gabinete de la historia”. Aunque Francos es el funcionario político más competente de su gobierno, la hipérbole nunca es suficiente en el estilo del jefe del Estado.
El periodismo profesional y la Justicia esperan todavía varias respuestas para asegurar con certeza que existen o existieron hechos de corrupción en la administración de Milei. Pero la economía y las encuestas no tienen tanta paciencia. Las acciones de empresas argentinas registraron una importante caída el lunes en Wall Street y en la Bolsa de Buenos Aires. Y, lo que es más importante, el riesgo país aumentó hasta superar los 800 puntos básicos. La economía argentina, tanto el Gobierno como las empresas, necesitan que el riesgo país baje a menos de 400 puntos básicos para poder acceder a los mercados internacionales de crédito. Nada es casual.
Spagnuolo forma parte de una cuadrilla de amigos del Presidente sin experiencia en el manejo del Estado, verborrágicos, inoportunos y audaces. Es el precio que las sociedades pagan cuando eligen a los outsiders y es, al mismo tiempo, la consecuencia del fracaso de todo lo que pasó antes de que ellos llegaran. A su vez, la encuestadora Management & Fit dio a conocer una encuesta realizada sobre el exclusivo caso Spagnuolo. Los dos principales resultados se resumen en que la sociedad argentina tiene mayoritariamente una pésima opinión de lo que se conoció con el primer audio del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, y que también una mayoría social dice que no cambiará su voto en las elecciones legislativas. Este último dato es expresivo de que los argentinos, o mucho de ellos, le reconoce al gobierno de Milei que estabilizó la economía descarriada que dejaron el trípode Alberto Fernández-Cristina Kirchner-Sergio Massa. La encuesta consigna de igual modo que más del 50 por ciento (el 56,1 para ser preciso) sostiene que el caso repercutirá en su nivel de confianza en la gestión del Gobierno. Cuidado. Superar la decepción social es más arduo que construir la confianza pública.
Fuentes inmejorables de la Justicia señalaron que el juez Casanello se apuró esta vez porque sintió que había sido engañado el año pasado, cuando cerró rápidamente un expediente sobre licitaciones de medicamentos en esa agencia estatal para asistir a discapacitados. En aquel expediente actuó también un fiscal sin cuestionamientos, Carlos Rívolo, quien acompañó la decisión del juez. Si bien se mira la historia reciente, la relación de los laboratorios farmacéuticos y las droguerías han sido siempre conflictivas, salvo mientras gestionó la salud pública, o tuvo influencia en ella, el exministro de Salud Ginés González García, que tenía excelentes vínculos con los fabricantes de medicamentos.
Inclusive el gobierno de Mauricio Macri, quien conocía personalmente a los dueños de varios laboratorios (era −o es− amigo personal de algunos) por su historia como empresario, tuvo una crisis importante con los dueños de esos laboratorios y con las droguerías. Fue cuando ordenó que el PAMI hiciera licitaciones internacionales para los medicamentos más caros o les colocara un precio máximo a todas las drogas, a los que se podían adherir los que quisieran. Se adhirieron todos. El precio de los medicamentos para una enfermedad llegó a bajar un 82 por ciento; el promedio general de la caída de los precios que compraba el PAMI fue de entre el 30 y el 40 por ciento.
El negocio de los medicamentos significa 10.000 millones de dólares anuales en el país, pero 4000 millones son comprados por el PAMI. Aquella decisión de Macri, que la instrumentó el entonces vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, significó un ahorro de 1000 millones de dólares. El Estado es el principal cliente de los laboratorios medicinales, nacionales o extranjeros radicados en el país, porque a las compras del PAMI deben sumársele las que hacen los hospitales públicos, la mayoría en poder de las provincias. En aquella discordia del expresidente con los laboratorios y droguerías, Macri les explicó a sus funcionarios: “En esta cuestión están el dinero y el honor. Ahorremos dinero, pero respetemos el honor de las personas y las empresas”. Por eso, se conoció poco y nada de aquella dura disputa. Las droguerías pasan más inadvertidas, pero son tan importantes como los laboratorios porque se encargan de la distribución, o de parte de ella, de la producción de los laboratorios. Una de esas droguerías, la Suizo Argentina, controlada por los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, es la que está siendo investigada ahora por el juez Casanello.
El escándalo y su estrépito lo sorprenden al Presidente cuando atraviesa momentos complicados de la economía. Corren los diez días hábiles, que comenzaron el jueves pasado, para que vete la ley de financiamiento universitario, que significa un aumento del presupuesto para las universidades de cuatro billones de pesos a casi ocho billones. Es mucho dinero. La aprobación de ese proyecto de ley tuvo los votos necesarios en las dos cámaras del Congreso como para suponer que podrían rechazar el seguro veto presidencial. Pero rechazar el veto es una votación distinta, como lo demostró el proyecto sobre el aumento de las jubilaciones, que no tuvo los votos necesarios para anular el veto presidencial. El veto del Presidente solo puede ser rechazado con los dos tercios de los votos de cada una de las cámaras parlamentarias. Se trata de una mayoría sumamente agravada. A la vez, Milei debió subir de nuevo los encajes bancarios para sacarle pesos a los bancos y secar la plaza de dinero efectivo. Los encajes son parte de los pesos que ahorran los argentinos y que quedan inmovilizados, teóricamente en resguardo de sus auténticos dueños; no pueden ser usados por las instituciones financieras. La decisión significó una nueva escalada en la discordia del Presidente con los bancos, pero el principal problema es que tal decisión provocará un mayor estancamiento de la economía. Es un momento en el que los últimos datos económicos registran datos negativos: caída de la actividad económica y aumento de la morosidad en el pago de préstamos y tarjetas de crédito.
La difusión de los audios, cuyo autor original es un fantasma, y los percances de la economía suceden cuando faltan solo diez días para las elecciones en la crucial provincia de Buenos Aires, y menos de dos meses para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Tanto el Presiente como Francos atribuyeron el escándalo de Spagnuolo a la inminencia electoral. Puede ser, pero la existencia política de Spagnuolo es una creación del mileísmo, no de la oposición. La única respuesta que vale la pena, a todo esto, es la que también busca el juez Casanello y consiste en saber si hubo −o si no hubo− corrupción con los medicamentos de los discapacitados. Hablar de las manos en el fuego es solo una metáfora.