Hace más de dos décadas que Susana Mónica Pintos transita tribunales, revisa expedientes y reconstruye una y otra vez los últimos días de su hijo. Mauro José Francisco Ramírez era soldado voluntario, tenía 22 años y una vida proyectada cuando, la mañana del 26 de junio de 2003, una bala de fusil FAL le atravesó el corazón durante un cambio de guardia en el Regimiento de Infantería de Monte 30, en Apóstoles, Misiones.
Apenas tres meses después, la causa fue archivada como suicidio por la Justicia provincial. Con el paso del tiempo, y tras una larga disputa judicial, el expediente pasó a la órbita federal, se reabrió y volvió a cerrarse. Hoy, más de 20 años después, un reciente fallo de la Cámara Federal de Casación Penal volvió a reactivar el caso y renovó las expectativas de la familia.
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Un expediente plagado de dudas
Susana sostiene desde el primer día que a su hijo no se suicidó. Afirma que Mauro estaba por casarse, planificaba alquilar una casa y había llevado al puesto de guardia mate, música y objetos personales. “¿Qué persona llena de proyectos se quita la vida?”, repite ante Clarín.
Las pericias balísticas refuerzan esas dudas: el disparo se habría efectuado a más de 25 centímetros del cuerpo y con un recorrido descendente del proyectil. La hipótesis de un disparo accidental —o incluso de un homicidio— nunca fue descartada por la querella, aunque sí desestimada en los primeros tramos de la investigación.
La madre también denuncia irregularidades graves: cartas que su hijo habría escrito la noche previa y que desaparecieron del expediente, imposibilidad de reconocer el cuerpo, presiones policiales para firmar documentación y restricciones para hablar con otros soldados del cuartel.
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Violencia institucional, bajo la lupa
El nuevo giro judicial llegó con un fallo dividido de Casación que ordenó avanzar con la indagatoria de un suboficial y un soldado que hasta ahora declararon solo como testigos. El juez Alejandro Slokar sostuvo que la causa presenta elementos que permiten encuadrar el hecho como un posible caso de violencia institucional, al señalar vínculos personales entre el juez interviniente, autoridades militares y policías que actuaron en las primeras horas posteriores a la muerte.
El criterio fue compartido por el juez Carlos Mahiques, mientras que Diego Barroetaveña votó en disidencia. Para Susana, la resolución devuelve algo que había perdido con los años: esperanza. “No busco venganza. Quiero saber qué pasó con mi hijo”, repite.