El último Monitor de Opinión Pública (MOP), elaborado por la consultora Zentrix y difundido días atrás, indica que el 77,6% de los encuestados percibe que su ingreso corre por detrás del incremento de los precios. No es una novedad, pero a esta altura del partido el dato no describe una situación de crisis puntual, sino que empieza a delinear un escenario más profundo y persistente: una sociedad que reorganiza su vida cotidiana bajo la premisa de que las restricciones ya no serán transitorias.
La cifra resulta relevante no sólo por su magnitud, sino por su persistencia en un contexto de inflación aún elevada y volátil en la medición mensual, sin una tendencia clara de desaceleración sostenida en el corto plazo. No hay sorpresa inflacionaria, pero tampoco alivio. Y esta combinación entre inflación esperada y deterioro del ingreso real condiciona de manera directa el comportamiento de los hogares.
En diálogo con Perfil Córdoba, el economista Alfredo Blanco explicó que “cuando hay expectativas de inflación en alza, se adelantan las decisiones de gasto”, pero aclaró que “eso depende, crucialmente, del poder de compra de las personas”. Y, en un escenario donde ese poder de compra cae, el margen de reacción se reduce. Ese desfasaje entre precios e ingresos se traduce en un fenómeno que excede lo estrictamente económico. Según el mismo relevamiento, el 64% de los encuestados se autopercibe como parte de la clase media baja o directamente de los sectores bajos. La cifra incluye a personas con empleo y actividad económica regular. Más que una medición objetiva de ingresos, refleja un corrimiento en la identidad social que impacta de lleno en las expectativas de progreso y movilidad.
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“En general, hubo una caída del poder de compra y ahí aparece la discusión sobre la credibilidad de las cifras oficiales”, señaló Blanco. ¿Qué papel juega, en ese contexto, la credibilidad del Indec en la formación de expectativas y en el humor económico? El exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas afirma que, más allá de las controversias, Argentina cuenta con estadísticas confiables, aunque con limitaciones técnicas. “El Índice de Precios al Consumidor todavía se calcula con una canasta antigua, de 2004, que recién ahora va a empezar a actualizarse”, manifestó.
Expectativas
El cuadro se completa con otro conjunto de indicadores clave. El relevamiento mensual de la Universidad Torcuato Di Tella muestra que la inflación esperada para los próximos doce meses ronda el 30%. Se trata de un nivel alto en términos estructurales, pero lo novedoso es su aceptación social: la inflación ya no se vive como una anomalía extrema y pasa a formar parte del horizonte normalizado de la economía cotidiana.
En ese marco, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado por la misma universidad, aporta una señal adicional para entender el clima social. El indicador —que oscila en una escala de 0 a 100— registró en noviembre de 2025 una recuperación moderada, al ubicarse en 46,04 puntos, tras un aumento mensual del 8,8%. Sin embargo, el repunte encontró rápidamente un límite: en diciembre, el ICC retrocedió a 45,55 puntos, interrumpiendo la mejora previa. Se trata, en cualquier caso, de niveles históricamente bajos.
La lectura conjunta es clara: la percepción de estabilidad puede mejorar sin que eso se traduzca en una recomposición efectiva del bienestar, ni en un repunte significativo del consumo. “La confianza general, obviamente, debería ayudar a mejorar los niveles de consumo, pero eso depende sobre todo del poder de compra”, advierte Blanco, en referencia a asalariados, cuentapropistas y pequeños productores. En ese contexto, normalizar la restricción en el gasto “es más un problema de resignación que de adaptación”, expresó.
En distritos como Córdoba, donde el empleo privado, el cuentapropismo y las pequeñas actividades productivas tienen un peso decisivo, este proceso adquiere una traducción concreta. La pérdida de poder adquisitivo no se manifiesta necesariamente en rupturas abruptas del mercado laboral, sino en un ajuste silencioso y sostenido: más horas de trabajo para sostener el mismo ingreso real, menor margen para el consumo no esencial y crecientes dificultades para proyectar a mediano plazo. El ajuste se administra en cuotas diarias: se achican gastos, se redefinen hábitos y se resignan aspiraciones.
Aún cuando existen proyecciones de crecimiento (el Fondo Monetario Internacional estima una expansión del 4% para la Argentina este año), Blanco advierte que ese proceso será heterogéneo.
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“Va a haber sectores asociados a actividades primarias, como campo, energía o minería, que seguirán con su recuperación; pero otros actores importantes, generadores de empleo, van a seguir en una situación delicada, como el sector de la construcción y la industria”, señala. Y agrega que el impacto sobre el consumo, que explica cerca del 70% de la demanda agregada, continuará siendo desigual.
Leídos de manera articulada, los datos del MOP, las expectativas inflacionarias y los indicadores de confianza describen una sociedad que baja la vara, reorganiza su vida en función de la restricción y comienza a naturalizar un escenario donde el esfuerzo ya no garantiza mejora. La economía dejó de ser un espacio de promesas y pasó a convertirse en un terreno de administración defensiva. La incógnita que se abre no es si esta nueva normalidad se consolida, sino cuánto tiempo puede sostenerse sin una recomposición real de los ingresos.
Vacaciones en retirada
El número de asalariados que viaja en vacaciones es un indicador sensible, ya que es un gasto discrecional en este escenario en el que los ingresos se destinan casi exclusivamente a cubrir gastos básicos. El último Monitoreo de la Opinión Pública (MOP) de Zentrix reveló que cuatro de cada diez trabajadores argentinos (39,3%) manifestó no disponer de recursos suficientes para viajar en esta temporada estival. Y, entre quienes sí se toman vacaciones, predominan las estadías breves o los destinos cercanos, adaptando sus elecciones a la su situación personal/familiar.
También la plataforma y consultora de empleo internacional Bumeran, en un reciente informe titulado “Vacaciones 3.0”, publicó que casi la mitad de los empleados en Argentina —un 46%— directamente no se tomó vacaciones durante 2025, principalmente por falta de poder adquisitivo. De ellos, el 62% identificó la falta de recursos económicos como el motivo principal mientras que el 21% atribuyó esta situación a un reciente cambio de empleo.
En resumen, la situación fuerza a muchos a renunciar a sus vacaciones o pasarlas en su casa, transformando el descanso en un lujo o en una decisión condicionada por la economía doméstica. Y, en muchos casos, no parece tratarse de una postergación a la espera de mejores condiciones, sino de una decisión estructural.