El Gobierno anunció este lunes los haberes mínimo y máximo que percibirán los jubilados a partir de octubre, luego de que Javier Milei vetara por completo el aumento a los jubilados votado previamente por la oposición el Congreso.
Lo hizo a través de la Resolución 798/2024 publicada en el Boletín Oficial con la firma del director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Mariano de los Heros.
En específico, el artículo 1° de la Resolución de Anses establece que el haber mínimo de los jubilados será de $244.320,56. En tanto, según el artículo 2° de esa normativa, el haber máximo ascenderá a $1.644.046,07.
Las bases imponibles mínima y máxima, en tanto, fueron fijadas por el texto oficial en $82.287,12 y $2.674.292,72, respectivamente, a partir del período devengado octubre de 2024.
El documento estableció además que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU) prevista en el artículo 19 de la Ley N° 24.241, será de $111.765,50 a partir de aquel mismo mes, mientras que la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) subirá a $195.456,45.
La normativa no especifica qué pasará con el bono de hasta $70.000 que está congelado desde marzo, aunque el vocero presidencial, Manuel Adorni, deslizó el 13 de septiembre que el próximo mes se abonará, aunque sin aumento.
La ausencia de actualización en el bono de octubre se conoció luego del veto del presidente Javier Milei a la reforma jubilatoria que tenía previsto un aumento previsional del 7,2% por la diferencia entre la movilidad recibida de enero (12,5%) versus el 20,6% de inflación de enero.
Según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) «el poder de compra promedio de ocho meses de 2024 registra una caída real de 26,6% respecto de igual período de 2023; en tanto, los haberes mínimos (con bonos) perdieron 16,7% interanual”.
Con el argumento de sostener el equilibrio fiscal, Javier Milei cumplió con lo que había prometido y a principios de este mes vetó por completo el aumento a los jubilados que diez días antes votó la oposición el Congreso. «Obsérvase en su totalidad el proyecto ley registrado bajo el N° 27.756», indicó el texto del decreto 782/2024.
Según los considerandos que figuran en el documento firmado por el Presidente y todo su Gabinete, el Gobierno sostuvo que «el proyecto de ley sancionado por el H. CONGRESO DE LA NACIÓN es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento».
Además, enfatizó que «el Presupuesto General de la Administración Nacional vigente para el ejercicio 2024 en ejecución no contempla una partida que permita hacer frente al gasto que representaría para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) la medida adoptada a través del proyecto de ley sancionado».
Y precisó que la ley votada en el Congreso «tornaría imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno Nacional para el actual ejercicio fiscal y los siguientes», al tiempo que destacó que «dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos».
ES