Con una deuda que ronda el billón de pesos y sin recibir fondos desde hace más de 15 meses, el gobierno de Córdoba y representantes de la Nación se encontraron este martes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para la primera audiencia de conciliación por la Caja de Jubilaciones provincial. El encuentro, que se extendió por una hora y media, cerró con un compromiso de ambas partes para volver a reunirse dentro de 15 días, a comienzos de mayo.
El gobernador Martín Llaryora encabezó la delegación cordobesa y, tras la audiencia, agradeció al máximo tribunal por “generar el ámbito institucional” para el diálogo, aunque reconoció que “el plazo no deja conforme” a la Provincia. En ese sentido, advirtió que si en la próxima cita no hay avances concretos, su gobierno solicitará una medida cautelar para obligar al Estado nacional a cubrir el déficit de la Caja.
“Hoy la Nación está girando cero pesos a la Caja de Jubilaciones. Esto es urgente”, expresó Llaryora, al tiempo que calificó el incumplimiento como “flagrante y violatorio, como nunca pasó en la historia”.
Nación duda de los números y la Corte va con calma
Mientras Córdoba exigió el pago completo de la deuda -que incluye intereses y una restitución del flujo mensual-, la Nación cuestionó las cifras y reclamó auditorías. Representaron al Ejecutivo funcionarios de Anses y del Ministerio de Economía, entre ellos José Ignacio García Hamilton, secretario Legal y Administrativo de la cartera que dirige Luis Caputo.
Pese a que el reclamo de Córdoba tiene dos años y fue iniciado por el exgobernador Juan Schiaretti, la CSJ recién ahora activó el proceso formal, comenzando por Córdoba debido a que fue la primera en judicializar el conflicto y por ser la que cuenta con mayores precisiones técnicas en el cálculo de la deuda.
En tanto, desde el Centro Cívico advierten que no abandonarán la vía judicial, aun cuando haya diálogo. “Queremos que se cumplan las obligaciones, como hacemos nosotros con la Nación”, insistió Llaryora.
El agujero mensual y el contexto nacional
Con un déficit previsional cercano a los 20 mil millones de pesos mensuales, la Provincia viene cubriendo el bache con transferencias del Tesoro, aportes extraordinarios de los activos y postergaciones en los aumentos de los pasivos. A su vez, denuncian que Anses retiene fondos que son “de las provincias no transferidas”.
El conflicto no es exclusivo de Córdoba: una decena de distritos enfrenta una situación similar, aunque la Corte eligió iniciar el proceso por la provincia mediterránea. En los pasillos judiciales y políticos se especula que, más allá del resultado de fondo, podría lograrse al menos una reactivación parcial del flujo de envíos mensuales.
Llaryora no estará en la próxima audiencia -que será más técnica-, pero su presencia este martes buscó dar un mensaje político claro: el reclamo de Córdoba es una prioridad institucional.