«Estamos haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad«, se enorgullece el presidente, Javier Milei. En energía, la afirmación es cierta, pero parcial: el Gobierno del libertario logró en 4 meses lo que a Mauricio Macri le costó 3 años, pero todavía le falta el capítulo más problemático.
Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, las tarifas energéticas -luz y gas- de los hogares de ingresos altos ya tienen más incidencia sobre el salario medio que en 2019, luego de haber encontrado pisos en agosto 2022 y diciembre 2023 por los congelamientos y la devaluación del peso contra el dólar.
El peso actual es de 6,8% sobre la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores (RIPTE), mientras que en marzo 2019 había tenido un techo de 5,8%. Vale decir que hay especialistas que consideran que el RIPTE hoy no es la fuente más confiable para medir los ingresos reales de las familias, debido a que no incorpora, por ejemplo, los bonos no remunerativos, cada vez más habituales en las negociaciones paritarias.
Los usuarios residenciales Nivel 1 (N1) de la segmentación comprenden a los que ganan el equivalente a más de 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT, hoy en $ 2,7 millones por mes), los de patrimonios altos, los que no pidieron y renunciaron a los subsidios. Desde febrero ya no tienen más la ayuda del Estado para pagar el costo mayorista de la electricidad y desde abril, tampoco para el gas natural por redes.
Cómo es la quita de los subsidios a la energía
No obstante, a Milei le resta transitar el camino más conflictivo: la quita de los subsidios a los hogares de clase media y los que tienen ingresos bajos o están por debajo de la línea de la pobreza, que el mismo jefe de Estado cuantificó en un 60% -a falta de datos oficiales actualizados que lo confirmen-.
Más del 65% de los hogares se encuentran en esta situación: están categorizados como nivel 2 o 3 de ingresos y mantienen el 95% del precio mayorista de la energía eléctrica -que representa cerca de la mitad de la boleta antes de cargarle los impuestos- con los subsidios del Estado nacional, así como el 80% del precio del gas.
El Gobierno se había comprometido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a una reforma para mayo de este esquema con la implementación de la Canasta Básica Energética (CBE), que tendría en cuenta una demanda de luz y gas razonable según la región climática, la situación patrimonial y el historial de consumos de las familias, entre otras variables.
Pero pronto se encontró con la dificultad de cruzar decenas de bases de datos con millones de usuarios, no vulnerar el secreto fiscal y bancario, tener en cuenta los ingresos no declarados de trabajadores no registrados (alta informalidad) y que gran parte de los usuarios no tienen la factura a su nombre.
Por eso, esta definición se viene demorando y podría estar recién lista en junio o julio.
De acuerdo al trabajo del IIEP, dirigido por los economistas Alejandro Einstoss y Julián Rojo, los hogares de ingresos bajos y medios destinan entre el 3,2% y el 3,4% de su salario promedio al pago de los servicios energéticos.
Pero si se tomara como variable el salario mínimo, de $ 202.800, los usuarios de ingresos bajos estarían utilizando el 12% de sus ingresos para la luz y el gas, lo que organismos internacionales definen como «pobreza energética» -si supera el 10%-.
A partir del mes que viene, las tarifas energéticas estarán indexadas a la evolución de los salarios y la inflación. Pero restará corregir el precio mayorista de la electricidad, que en invierno podría saltar a unos 85 dólares por megavatio-hora (MWh), lo que implica un aumento final a los usuarios de altos ingresos superior al 25% promedio.