La causa judicial que investiga posibles delitos y malversación de fondos públicos cometidos por organizaciones sociales se instruye hoy bajo secreto de sumario. Significa que se tomaron, o se tomarán, nuevas medidas de prueba que deben mantenerse bajo reserva de las partes, y del periodismo, por lo que son conocidas solo por la fiscalía y el juzgado que impulsan este expediente. Los resultados de esos operativos, pericias, o declaraciones de nuevos testigos, se conocerán en los próximos días. Serán conclusiones negativas para algunos o todos de los 28 imputados. No habría otra razón para que las autoridades ordenaran realizar esas acciones de modo confidencial.
El “caso piqueteros” generó estrépito en la opinión pública informada cuando se conoció su objeto de investigación, avalado por un dictamen revelador redactado por el fiscal Gerardo Pollicita: tres agrupaciones sociales, y casi treinta de sus miembros, habían creado un sistema de amenazas, sanciones, multas, premios y castigos, para someter a beneficiarios de planes sociales a la militancia política: entre otros potenciales delitos, le quitaban a sus “víctimas” parte de la plata que le otorgaba el Estado para subsistir cada mes. También habrían usado para esos fines, y para juntar aún más dinero en efectivo, a los alimentos que los gobiernos enviaban a los comedores “populares” que se controlaban como si fueran unidades básicas que podían carecer del objetivo de ayudar a sobrevivir a quienes padecen hambre, si la política partidaria así lo determinaba.
Ahora, la Justicia se enfocará en buscar la información que puedan guardar los teléfonos secuestrados en los treinta allanamientos del 13 de mayo, revisará los cuadernos de anotaciones recogidos por las fuerzas de seguridad en esos operativos que avalarían la hipótesis delictiva que inició con abundante prueba Pollicita, y ahondará en el estudio del material que ya constaba en el expediente. Una de las medidas no difundidas de esta causa es el pedido de la Justicia a diversos bancos y entidades financieras e impositivas para que se levante el secreto de las cuentas y declaraciones al fisco que podían estar a nombre de Asociación Civil Polo Obrero; del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y de Barrios de Pie, las tres agrupaciones sociales que están siendo pesquisadas en esta trama. También se solicitó la misma medida pero en búsqueda de fondos que pudieran estar bajo control de los 28 dirigentes imputados en el caso.
El Polo Obrero, en una de las marchas de este año en la 9 Julio. Foto: Guillermo Rodriguez AdamiClarín pudo saber, siempre por información brindada por fuentes judiciales antes de que se dicte el secreto de sumario, que gracias a ese pedido de la Justicia se detectaron acreditaciones bancarias en cuentas de esos movimientos sociales que suman cifras multimillonarias. El origen del flujo de fondos se desconoce, por el momento. Parte de esos millones provendrían de las arcas públicas, y habría sido transferido a las agrupaciones como subsidios para ayudar a paliar la pobreza. Pero también se analiza si hubo otros depósitos de dinero que quizás se generaron en la recaudación ilegal desplegada por los protagonistas de esta historia.
En el expediente consta que la Asociación Civil Polo Obrero tenía cuentas en bancos que se engordaron con depósitos por 646 millones de pesos. A eso se le suman giros a nombre de una cooperativa de esa agrupación, llamada “El Resplandor”, que recibió 164 millones de pesos. Otra cooperativa del FOL, de que tomó su nombre de un histórico sindicalista del peronismo, “Agustín Tosco”, manejó 752 millones de pesos. Y otra cooperativa más, pero inscripta por Barrios de Pie, llamada “Asociación Civil Caminos de Tiza”, tuvo depósitos bancarios por 91 millones. Las cifras son más altas, pero los números antes mencionados corresponden al período 2023 y los meses iniciales de 2024.
Las fuentes consultadas aseguraron que falta determinar si esas transferencias coinciden con la ayuda estatal enviada por el Gobierno K, o son además giros que estarían vinculados a la plata recaudada con acciones delictuales.
Las autoridades judiciales indagan ahora en operaciones financieras, más rendiciones de gastos, balances, facturaciones y documentación o maniobras similares a las que realiza el crimen organizado cuando busca “blanquear” dinero ganado mediante la instrumentación de delitos.
Dirigentes de Barrios de Pie, en un acto de marzo de este año en el Congreso. Foto: Luciano ThiebergerEl fiscal Pollicita había pedido los allanamientos a sedes del Polo Obrero, el FOL y Barrios de Pie, además de otros 30 objetivos entre los que se encuentran domicilios particulares de los dirigentes de esos movimientos imputados en la causa, a lo que agregó un pedido de detención de esas personas, y la solicitud para que sean indagadas por el juez. Casanello se negó a realizar esas acciones, y fue la Cámara Federal la que le ordenó que debía hacer lugar al menos a los allanamientos. Lo hizo.
La documentación encontrada ahondó aún más el escándalo público: en esos operativos se encontraron cuadernos con registros de acciones y nombres que coinciden con las amenazas a beneficiarios de planes sociales descritas por los testigos y las pruebas enumeradas por Pollicita, a lo que se sumaron además teléfonos de dirigentes sociales que se están peritando, más un sinfín de remitos, facturas y listados de alimentos recibidos por los comedores “populares”, e incluso anotaciones sobre esos productos de venta prohibida que habrían salido a comercialización aunque estaba prohibido hacer plata con ellos en lugar de entregarlos a quienes los necesitaban.
El posible lavado de dinero de la recaudación ilegal de parte del dinero de los planes sociales que se les quitaron a beneficiarios del Potenciar Trabaja, sumado también a maniobras delictuales diversas que también habría generado una ganancia para los movimientos piqueteros o sus “jefes” imputados en el caso, surgió como pista gracias a lo dicho por los propios referentes en conversaciones telefónicas que, sin que ellos supieran, estaban siendo grabadas por la Justicia.
En una de los diálogos que reprodujo Pollicita en su dictamen, se habla específicamente de “lavado” realizado mediante las cooperativas investigadas.
Fue la imputada Elizabeth Palma la que confesó su temor a que se pesquisara en algún momento la recaudación de una cooperativa del Polo Obrero en particular: hablaba sin saber que sus declaraciones eran registradas, pero aun así demostró tener bien entrenada a su intuición, si es que podría calificarse así su hipótesis planteada en conversación con un interlocutor anónimo, pero también revelada ante otro de los principales imputados en el caso, el miembro de la mesa nacional del Polo Obrero, y ex funcionario de Desarrollo Social, Jeremías Cantero.
A éste último, Palma le advierte sobre su inquietud respecto a la chance de tener que dar explicaciones por el delito de lavado de dinero en relación a la cooperativa “El Resplandor”. El fiscal Pollicita reprodujo en su dictamen esa prueba documental que consta en la Justicia formato de audio telefónico. “El día 27 de marzo de 2024” Palma le dijo a Cantero que podían ser investigados por blanqueo de divisas por “las cooperativas que están recibiendo las cápitas” (las cuotas de plata que le quitaban a beneficiarios del Plan Potenciar Trabaja). Ella hizo alusión “únicamente al nombre El Resplandor”. Cantero le respondió que tenían que “pensar un plan de adonde va eso”.
De acuerdo al expediente, Palma está realmente preocupada por el delito de lavado de dinero vinculado a su accionar como dirigente social.
Se refirió varias veces al tema siempre en diálogos que se grabaron porque tenía intervenido su celular, como ya se dijo.
Además de sincerarse ante Cantero, que no responde con sorpresa o niega los hechos enumerados, Palma también hizo catarsis en otro llamado, está vez hablando para los oídos de un interlocutor al que no se pudo identificar, por el momento.
“Me preocupa más El Resplandor, porque ahí cobran compañeros de Capital, ¿sí? O sea, ¿cómo justificamos la plata que entra?”, habló Palma, entre otras frases de contenido similar.
Clarín puede aclarar ahora cuánto dinero recibió en sus cuentas las cooperativa “El Resplandor”: fueron 164 millones de pesos en el último año.
De nuevo, la frase de Palma, se vuelve a repetir para enfatizar la dirección que está tomando la investigación judicial: “¿Cómo justificamos ese dinero?”. ¿Es posible que el plan propuesto por Cantero haya sido puesto en marcha antes de que sea allanada “El Resplandor”? Es posible. La Justicia difundirá la respuesta a ese interrogante.
Sobre las cooperativas del FOL, y la plata que recibió esa agrupación, también consta en la causa que el movimiento social abrió cuatro plazos fijos en el banco Credicoop para generar ganancias gracias a la bicicleta financiera: 16 millones de pesos se depositaron en esa entidad, lo que le daba una ganancia mensual de casi 3 millones de pesos.
La Justicia determinó que Palma, Cantero y dos imputadas más en la causa, María Isaldo Dotti y Gianna Puppo (pareja de Cantero), ocupaban o ocupan cargos directivos tanto en Asociación Civil Polo Obrero como en la cooperativa “EL Resplandor”: fueron, no en orden, presidentes de esas entidades, vocales titulares y suplentes, miembros de la Comisión Revisora de Cuentas o Síndicos, y hasta representantes ante la AFIP para responder ante el fisco sobre el dinero manejado por su movimiento social y “El Resplandor” en particular.
Sobre las otras agrupaciones, existen también escuchas telefónicas, y testimonios de testigos que declararon bajo juramento, que le permitieron a la Justicia conocer, por ejemplo, que en un comedor “popular” de Barrios de Pie, llamado “Caminos de Tiza”, se comercializaron alimentos enviados por el Estado, rompiendo así las normas legales que no permiten vender esa comida. O que dirigentes del FOL llevaron dinero en efectivo recolectado mediante presiones a beneficiadores del Potenciar Trabajo que debían entregar parte de su subsidio bajo amenaza de que dejarían de cobrarlo, a un curioso local si se tiene en cuenta las labores realizadas por sus dirigentes sociales. Se trata de un restaurante (no de un comedor “popular”), ubicado en el barrio porteño de Monserrat. El comercio se llama “Sabor Latino”.
Fue allanado.
Las pruebas recolectadas en esos operativos, se determinó antes de se dictase el secreto de sumario, fueron múltiples, coincidentes con lo buscado, y complicarán aún más la situación procesal de los imputados. Es información.