El mismo día en que la Justicia le hizo lugar a un amparo de familiares de pacientes, a través del cual se obligó al Estado a resolver las demoras en la entrega de medicamentos de alto costo para personas sin cobertura de salud, el Gobierno derogó la dependencia de la que pendían esos trámites, la famosa Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, o DADSE, y creó en su lugar un área similar: la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC), cuyo funcionamiento acaba de ser difundido en una resolución, este miércoles.
Si bien lo último quedó plasmado en el Boletín Oficial, a través de la resolución 42/2025, al igual que el fallo judicial en favor de los pacientes, la derogación de la polémica DADSE tiene más de una semana.
Fue justo antes de la feria judicial que se publicó el decreto 1138/2024 (fechado el 30 de diciembre), donde se aprobaron cambios en la unidad organizativa del Ministerio de Salud. Entre ellos, la creación de la DINADIC, que -al igual que la DADSE- coordinará con las provincias la resolución de necesidades especiales de medicación considerada “de alto costo”, para pacientes sin obra social o prepaga, en cuyas provincias no hayan podido obtener los fármacos que precisaban.
En cuanto al fallo que tramita en paralelo a estas novedades, la última noticia es que deberá resolverse en la Cámara de Casación, luego de que el Gobierno apelara el 3 de enero al amparo tramitado en forma colectiva por distintas asociaciones que representan a pacientes con enfermedades severas o raras, y que consideran vulnerados sus derechos por las demoras desde la DADSE en la resolución de sus expedientes con pedidos de medicación.
Más allá de que el Gobierno apeló, la medida cautelar sigue en pie, determinó el juez Marcelo Dos Santos, quien en una resolución -fechada, también, el 30 de diciembre- ordenó al Estado nacional 1) resolver en 10 días todos los pedidos de medicamentos que llevaran más de dos meses de demora y 2) adaptar en no más de 20 días todos los trámites pendientes, de modo que su resolución no exceda los 60 días, según establece la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
Pero, como se dijo arriba, no será propiamente la DADSE sino la flamante DINADIC la que deberá poner en marcha estas obligaciones. Según el nuevo mapa del Ministerio de Salud, el área cuelga de la Subsecretaría de Planificación y Programación Sanitaria, que a su vez es dependiente de la Secretaría de Gestión Sanitaria.
Con las secretarías de Gestión Administrativa y de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, más la Unidad Gabinete de Asesores, la última completa el grupo de los cuatro grandes sectores que penden directamente del ministro de Salud, Mario Lugones.
DINADIC: cómo funcionará la nueva DADSE
Es difícil olvidar la seguidilla de conflictos que protagonizó la DADSE hace cosa de un año, cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cerró las puertas de la dependencia de un día para el otro, con el argumento de que se haría una “reestructuración” del sector.
La protesta de decenas de pacientes (muchos de ellos con enfermedades crónicas y sin acceso a sus medicamentos) se hizo escuchar. Desde el entorno de Pettovello asomaba que hacían una auditoría por falta de transparencia en el manejo de fondos durante la gestión de Alberto Fernández, cuestión que derivó en un fallido intento judicial de parte del área de Legales de Capital Humano.
Lo concreto es que terminaron transfiriendo la DADSE al Ministerio de Salud, entonces manejado por Mario Russo, quien no la tuvo fácil a la hora de lidiar con los numerosos expedientes de pacientes y licitaciones de medicamentos costosísimos totalmente varadas.
Parte del trabajo de reordenamiento (palabra favorita de la actual gestión de Gobierno) que el ministerio dijo haber iniciado en ese momento, parece terminar de cobrar forma con el cambio de nombre de la ahora DINADIC.
Históricamente, la DADSE era una suerte de banco de drogas para pacientes sin otra cobertura de salud que la del sector público, desde donde Nación compensaba los insumos de alto costo que estuvieran por fuera de los vademecum provinciales.
A diferencia de esa impronta -dice el Gobierno-, la intención del Ministerio actual (y, en consecuencia, de la DINADIC) es impulsar a las provincias a que sean ellas mismas las que resuelvan este tipo de necesidades. Adoptar, desde Nación, un rol más bien “organizador” antes que “financiador”. Así se plasma en lo declamativo, al menos, si bien no es tan fácil dilucidar grandes cambios concretos.
El comunicado del Gobierno con respecto al funcionamiento de la DINADIC la describe como “complementaria a las jurisdicciones, por lo que es necesario que la asistencia haya sido rechazada expresamente por la provincia. A su vez, la negativa debe ser firmada por la máxima autoridad de la cartera sanitaria de cada jurisdicción”.
Suman que “es importante destacar que la DINADIC se regirá por un sistema de compras de medicamentos con reglas claras, que tiene por objetivo transparentar todas las solicitudes. En ese sentido, se implementa un circuito de compras con diferentes alternativas según la necesidad de cada caso, con el propósito de hacer más eficiente la administración de los recursos y los tiempos de acceso a la medicación”.
AS